Nuevamente con la pobreza
Intentando convencer, o al menos persuadir, a la opinión pública de un “descomunal esfuerzo” realizado –en los últimos 51 meses– por el Gobierno del Estado, en lo relativo al combate a la pobreza, es que se mandaron publicar (como inserción pagada) en todos los diarios de la localidad planas completas, donde se incluían cifras y gráficas de los programas que desarrolla el Consejo de Desarrollo Social. En la primera ocasión, el miércoles 23 de abril, suscribía dicho desplegado el Consejo de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; en la segunda ocasión, donde aparecían las mismas gráficas y cifras, aparecido el domingo 27, firmaba la inserción pagada el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.
Al analizar los contenidos de dichas publicaciones, se delataba inmediatamente la inutilidad y torpeza de los mismos, así como la falta de consistencia y criterio de quien los elaboró, pero sobretodo de quién autorizó se propalaran en la prensa.
Resulta que en las cifras manifestadas, se habla de haber aplicado más de 67 mil millones de pesos en programas del Gabinete Social, donde por separado señalan “…que el presupuesto social que el Gobierno del Estado ha destinado a grupos vulnerables del 2003 al 2007, se ha incrementado en casi un 800% en lo que va de esta administración.”
Estas cifras, luego desmentidas por la propia prensa, donde se les acusó de estar infladas y mezcladas con conceptos que nada tenían que ver con el combate a la pobreza, trataron de ser aclaradas y justificadas por el propio Gobernador, aludiendo que incluía el gasto en educación, salud, y diversas partidas aplicadas en programas presuntamente dedicados a la comunidad.
Resulta raro que alguien que se autoostenta como experto en administración pública, confunda la definición y contenidos de lo que significa el gasto y los programas encuadrados en el área social, con los que específicamente se orientan y focalizan al combate a la pobreza. Son cosas distintas, que implican obviamente acciones muy diferentes, en naturaleza, categoría y prioridad.
Asimismo en la comparación de las asignaciones presupuestadas al Consejo de Desarrollo Social se menciona un crecimiento en casi 800% (el domingo precisa la cifra en 790%) en el período 2003-2007. Nuevamente hay un garrafal error en dicho cálculo puesto que se toma como base –y compara—el gasto ejercido en el último trimestre del 2003, y con esa referencia se compara con el presupuesto anual acumulado hasta el 2007. La comparación está equivocada, o intenta confundir y sesgar a la opinión de la comunidad. Una cosa u otra son inadmisibles, evidenciando la incompetencia de quien elaboró tales cifras. Cuestiones de forma y metodología.
Pero en las cuestiones de fondo, y con base en las cifras de beneficiarios, incluidas en las gráficas, se encuentra que la suma agregada de quienes han sido receptores de los beneficios de los programas enunciados, no alcanzan la cifra de 200 mil personas. Al comparar lo anterior con el número de habitantes del estado que el propio Consejo de Desarrollo Social reconoce se encuentran es estado de pobreza, y que los cuantifica en 1 millón 86 mil personas, se encuentra que el impacto de las acciones emprendidas, apenas tiene una incidencia marginal de menos del 20% del universo.
Cuestión aparte es el subsidio a los 46 mil beneficiarios de la tercera edad, que representan apenas el 11 o 12% del total de la población en iguales características. Nuevamente un impacto totalmente insuficiente.
Lo anterior nos lleva a tener una reflexión seria sobre este asunto: no se encuentra un planteamiento consistente, que revista verdaderamente una trascendencia social en las acciones instrumentadas para apoyar a grupos vulnerables. Es decir NO EXISTE UNA POLÌTICA DE DESARROLLO SOCIAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y solamente se encuentran acciones inconexas, que implican desembolsos gravosos, sin efectividad, y con resultados dudosos en cuanto a la erradicación de la pobreza. Otro asunto es la transparencia en la aplicación de dichos recursos, donde múltiples reportajes han evidenciado la distracción del propósito al que se destinan, y el beneficio a favor de particulares, acción que Transparencia Internacional define como corrupción. En otra ocasión ampliaremos este tema.
