DISFUNCIONALIDAD INCONSECUENTE DEL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE N.L.
Ya resulta hasta normal que se presenten los famosos vetos del Ejecutivo Estatal de Nuevo León. Lleva 17, si es que hoy no haya decidido detener alguna otra de las leyes aprobadas por el Congreso del Estado de Nuevo León. En principio, si bien es una facultad establecida en la Constitución local, evidencia una disfuncionalidad en la actuación de los tres poderes del Estado.
El origen de esto no es gratuito, ya que originalmente en la elección del 2003, cuando inició el actual período estatal, la votación fue aplastante hacia el partido del actual Ejecutivo, arrastrando con ello una mayoría –casi en el número para ser considerada calificada, es decir dos tercios del total—absoluta para el partido del gobernante, que daba amplias facultades y posibilidades para encauzar el crecimiento y desarrollo del estado en una forma seria, sensata y positiva.
Empero, de las diferentes cuestiones que se dirimieron por parte del Ejecutivo, así como de las decisiones que fueron instrumentadas, la población modificó rápidamente su preferencia electoral, para cambiar de esa preferencia manifestada en la primera cámara legislativa del presente ejercicio sexenal, y cambiar la mayoría legislativa precisamente a favor del partido que había sido derrotado tres años antes. A esta situación contribuyeron los excesos en las decisiones, malos candidatos inaceptables para el electorado (como se evidenció), y el desconocimiento e ignorancia del pulso de la situación por parte de quién configuró y aceptó la conformación de estas planillas, puesto que se establecía anticipadamente el triunfo en 21 de los 26 distritos, por parte del partido del gobernante.
En el transcurso de las circunstancias –del 2006 a la fecha– esta situación ha registrado claroscuros. Ha sido positiva porque ha frenado situaciones que hubieran trastocado –aún más—el futuro de la administración estatal.
Con el asunto de las bursatilizaciones, que se quiso presentar como novedoso –y que es una práctica financiera tradicional—se comenzaron a constituir organismos seudo autónomos, que pudieran determinar una fuente aislada de ingresos para un futuro previsible, misma que pudiera cotizarse a valor presente, y con ello tener la garantía justificativa de un crédito.
Mientras se contaba con la mayoría de los legisladores del partido del Titular del Ejecutivo, se realizaron operaciones en este sentido, cubriendo comisiones, costas y gastos, totalmente fuera de los estándares normales aceptados en los mercados financieros. En la última etapa se constituyó un Instituto de Control Vehicular, para aislar contablemente, principalmente, los ingresos por el pago de tenencias y situaciones anexas, pero no se llegó en ese momento a contar con la aprobación para el endeudamiento, situación que ya no se presentó, porque: OBVIAMENTE, hubiera sido desechada…. Entonces nos quedamos con un organismo innecesario, inútil, y que dada la inexperiencia e ignorancia de su titular y de los que autorizan estas decisiones, ahora rifa vehículos para premiar a los que cumplen con la ley, y distorsionadamente quiere usar a la policía (para sancionar a los que incumplen el pago) olvidándose que para ello tiene inspectores y personal en la propia dependencia.
En la última ocasión se promovió un cambio de la Ley de Administración Financiera, mismo que originó el último veto. Pero, considerando las condiciones de manejo –aun no presentadas, ni sancionadas, por nadie—de los últimos eventos, que implicaron el movimiento de recursos por varios miles de millones de pesos, y de los cuales todavía no se tiene cuenta, es que el Congreso decidió proponer dichas modificaciones, que el Ejecutivo determina unilateralmente que restan facultades, y por ello se veta la publicación de la mencionada disposición. Máxime cuando han existido denuncias de malos manejos, dispendio, e incapacidad por parte de los dirigentes y organizadores de tales eventos.
También, dentro del claroscuro, encontramos abusos de esa mayoría legislativa, como la que finalmente impuso al secretario de un partido político, como magistrado del Consejo de la Judicatura, violentando el principio de imparcialidad, equidad y apartidismo que debe prevalecer en la impartición de la ley. O, el caso de la famosa ley de la familia, donde se elaboraron conceptos, francamente vergonzantes para quienes los hubieran propuesto, y mucho más para los que los apoyaron. O la última perla, la ley forestal, repudiada por todos los recipiendarios, afectados por la misma.
Todo esto denota y evidencia una falta de seriedad por parte del comportamiento del Congreso, que el Partido Nueva Alianza ha denunciado. Irracionalidad en los criterios para la decisión sobre la aprobación de nuevas leyes, donde no es punto de referencia lo que “debe ser”, sino solamente la conveniencia partidista en la coyuntura.
Este tipo de conducta y comportamiento, dista mucho de la institucionalidad republicana que debía marcar la referencia en el trabajo legislativo. Evidencia el desconocimiento e ignorancia de los que participan, en una función que debe ser el equilibrio, en el marco de una democracia y de un sistema de tres poderes. Y, finalmente, desacredita la actuación del Poder Legislativo, como representante de los intereses de la ciudadanía y de la Sociedad, al momento de tomar las decisiones que sustentarán la creación de nuevas leyes y disposiciones legales que deberán regir el correcto comportamiento de sus miembros.
Pero también desacredita la presencia del Poder Ejecutivo, de suyo conductor de los destinos del Estado, y que por pugnas y desaguisados partidistas, mantiene estancada la actividad pública en el mismo. No es admisible que haya repudio público a la comparecencia de representantes del Ejecutivo, sin que se tomen medidas al respecto. Obviamente, esto daña la actividad de la administración estatal, pero más de la población en su conjunto. Y, con ello se rezagan las actividades fundamentales de la instrumentación de las diversas políticas públicas en Nuevo León.
Indispensable tomar nota de lo anterior, para dar una corrección radical a este modus operandi. Debe arreglarse no por razones políticas, sino para no dañar a la población, sobretodo a la más necesitada.
